En el año 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el informe “Gobernanza del agua en el Perú”, el cual hace un análisis sobre la gobernanza del agua e incluye recomendaciones para fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos en beneficio de todas y todos los peruanos. A continuación, hacemos un resumen de dicho informe y sus principales recomendaciones.
Si bien Perú ha avanzado significativamente en la gestión del agua, subsisten importantes desafíos en materia de seguridad hídrica relacionados con inundaciones, sequías, contaminación y acceso universal al agua potable y el saneamiento. Perú actualmente no está en vías de alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Agua limpia y saneamiento” para 2030. Según los datos más recientes (2017) del sistema de monitoreo de ONU-Agua, solo el 50% de la población tiene acceso a un servicio de agua potable gestionado de forma segura (indicador 6.1.1 de los ODS) y solo el 43% utiliza un servicio de saneamiento gestionado de forma segura (indicador 6.2.1a de los ODS).
En general, tres millones de peruanos (9,2% de la población) carecen de acceso a servicios de agua y 8,2 millones (25,2%) carecen de acceso a servicios de alcantarillado, además de existir una amplia brecha urbano-rural. Entre 2000 y 2020, las inundaciones afectaron a aproximadamente cuatro millones de personas, y entre 1981 y 2018 se registraron 10 sequías moderadas a extremas en 20 departamentos. La gestión inadecuada de los residuos sólidos y la minería informal e ilegal también afectan la calidad del agua, causando graves problemas de salud pública y conflictos sociales, incluso con comunidades indígenas.
Como respuesta a estos desafíos, la Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 estableció como objetivo lograr el acceso universal y sostenible al agua y al saneamiento, teniendo como metas específicas ampliar la cobertura, mejorar la calidad del agua y promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento.
Además, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Perú tiene como objetivo lograr los objetivos del Acuerdo de París de la CMNUCC para 2025 y 2030 mediante 30 medidas de adaptación relacionadas con el agua, en cuya implementación compartirán responsabilidades los gobiernos regionales y locales. Estas medidas incluyen la modernización del otorgamiento de derechos de uso del agua en cuencas especialmente vulnerables al cambio climático, la incorporación de escenarios climáticos y la implementación de sistemas de alerta temprana para inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra y riesgos relacionados con glaciares.
Durante la última década, Perú ha consolidado su marco legal e institucional de políticas hídricas, pero las brechas de gobernanza obstaculizan su efectiva implementación. Por ello, las principales recomendaciones que plantea el estudio para lograr una buena gobernanza del agua, son: enfrentar la complejidad y la fragmentación de las políticas de los recursos hídricos, coordinando políticas sectoriales; mejorar las bases de datos y conocimientos; aportar mecanismos de financiación innovadores; equilibrar las alternativas entre los usuarios del agua; revisar los enfoques de las políticas relacionadas con la eficiencia del uso del agua; diversificar las fuentes de suministro de agua y las infraestructuras naturales; y desarrollar capacidades.
El fortalecimiento de la gobernanza del agua en Perú es un medio para lograr la seguridad hídrica a largo plazo y alinear el comportamiento de los usuarios individuales y la acción colectiva.